LÍNEA POLÍTICA
DISCRIMINACIÓN LABORAL EN TVT
Alberto Peregrino
En nuestra entrega del martes pasado abordamos el tema laboral. Ese día comentamos que, si bien es cierto, es importantísimo otorgar el reconocimiento necesario a los trabajadores del sector salud por su loable labor con el tema de la pandemia, también es cierto que se les debe dotar de capacitaciones y herramientas suficientes para ser mucho más eficientes.
Evidentemente que del reconocimiento que hablamos, no se debe enfocar solamente en un sector de la población laboral, sino en todos, porque finalmente todos los sectores son importantes para sacar a México y a Tabasco del desorden y atraso en el que nos encontramos sumidos en la actualidad.
Sin embargo, el mismo martes a través de las redes sociales me enteré de un penoso asunto, de cómo en dependencias del gobierno estatal, en Televisión Tabasqueña (TVT) para ser exactos, todo eso simplemente no ha terminado de aterrizar y, peor aún, se han metido con un sector altamente vulnerable como son las personas que sufren de alguna discapacidad física, que no de su dignidad humana y menos laboral.
Hablo de los casos específicos de Jorge Custodio Contreras, mejor conocido como el buen ‘koky’ y Diego Lunad; editor y conductor, respectivamente de TVT, televisora oficial del gobierno del estado que hoy encabeza Carlos Manuel Merino Campos, quienes después de mucho tiempo de tenerlos dando vueltas, fueron notificados que no pertenecerían más a la plantilla laboral de esa dependencia por falta de recursos económicos y por hacer un ajuste de personal. ¿What?.
Y mire Usted, de acuerdo al Artículo 1, párrafo quinto de la constitución política de México, se entiende claramente que “ninguna persona podrá ser discriminada por cuestiones de la condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil y en este caso las discapacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.
En ese numeral, en su párrafo tercero, menciona de manera tajante ciertas obligaciones que tienen las autoridades para evitar violaciones a los derechos humanos en virtud de que es el Estado el garante de los derechos y libertades de todas las personas.
De ahí que el precepto a la letra dice: “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá́ prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Sin embargo, me llama la atención que en TVT al parecer no les importa esas personas que fueron despedidas, y menos que estén desesperadas, estresadas y/o con el pendiente de ver quién o quiénes los podrán contratar en algún lado para su sustento personal o incluso el de su familia, como lo es el caso del buen amigo ‘Koki’ quien procede una familia humilde, pero con altos valores humanos.
¿Acaso la discriminación es la línea y el proceder del gobierno de la Cuarta Transformación, o tirar a la calle a las personas que consideran no les son redituables o que padecen alguna discapacidad? Esa es una pregunta seria y usted mi estimado lector (a) tiene la última opinión.
Línea de entrada
Y qué le cuento: El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, el martes pasado explicó que el decreto aprobado en el Senado, y por el cual servidores públicos pueden promocionar la revocación de mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador simplemente está mal hecho, todavez que los legisladores de Morena modificaron el inciso incorrecto al utilizar una versión previa de la ley electoral que estaba vigente en 2014 que habla de una disposición para evitar la violencia política de género y no la actual que hace referencia a la propaganda de la consulta ciudadana. Entonces sí que esto es un grave, gravísimo error. ¿Y ahora qué sigue? Que alguien nos explique.
Línea de salida
Y ya que tocamos el punto de la violencia política de género, la ex diputada priista, Lorena Beaurregard de los Santos, a través de sus redes sociales publicó un documento donde exige al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) cumpla su responsabilidad y resuelva a la brevedad el Procedimiento Especial Sancionador de acuerdo al expediente PES/137/2021 que ella misma promovió a través del abogado Andrés Ramírez Silván, en contra del actual diputado morenista Emilio Contreras Martínez de Escobar, que dicho sea de paso, se ha convertido en el personaje favorito de los periodistas por rehuir a las entrevistas. Por hoy es todo, nos leemos en la próxima Dios mediante.
