Ley de inteligencia: El proyecto que necesita México para salvaguardar la seguridad nacional
AGENCIAS
Al igual que Estados Unidos, el país requiere de una nueva Ley de Inteligencia para coordinar las agencias, que ahora están desarticuladas o separadas. La falta de comunicación ha impedido una respuesta favorable
¿Qué es una ley de inteligencia nacional? México necesita establecer condiciones que permitan la construcción de un sistema nacional inteligencia, con el fin de institucionalizar la coordinación de las agencias que conforman dicha comunidad nacional.
Los mecanismos hasta ahora establecidos para fomentar dicha coordinación han sido de tipo interinstitucional, desde los Centros de Fusión de Inteligencia hasta las Mesas de Coordinación, los cuales son relativamente rápidos de instaurar, pero debido a la ausencia de reglas claras presentan inconsistencias.
Adicionalmente, no siempre se da continuidad al trabajo de estos mecanismos, siendo sujetos de modificaciones sensibles durante los cambios de gobierno, tanto federal como locales.
Ante este escenario, quiero retomar la idea de diseñar y publicar una Ley Nacional de Inteligencia, la cual buscaría regular la función de inteligencia en nuestro país. Esta ha sido abordada por algunos especialistas, e inclusive se han realizado un par de foros en el Senado.
El objetivo central de esta nueva legislación sería sentar las bases para la coordinación de las instancias federales y estatales que hoy realizan producción de inteligencia.
De igual forma, una Ley de Inteligencia permitiría atender muchos de los vacíos que hoy genera la Ley de Seguridad Nacional, único instrumento normativo vigente que aborda directamente el tema de inteligencia, aunque de forma muy acotada.
La finalidad de la Ley de Inteligencia en materia de Seguridad Nacional
Por ejemplo, la nueva Ley podría establecer los fundamentos para la coordinación interagencial, tanto entre las dependencias del Gobierno federal, como con los estados.
Un modelo referencial para este punto es Estados Unidos, donde posterior a la falla de inteligencia que representaron los ataques terroristas del 11 de septiembre, la totalidad de su comunidad de inteligencia se reestructuró.
Esto dio paso a la creación de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, cuya responsabilidad principal es liderar los trabajos de la comunidad de inteligencia estadounidense, fungiendo como una especie de supervisor y al mismo tiempo coordinador.
En el contexto mexicano actual, donde la tendencia es hacia la reducción del aparato burocrático, difícilmente se podría plantear la creación de una nueva instancia, pero probablemente si un término medio, donde un área de la Presidencia funja como coordinadora de la elaboración de distintos productos de inteligencia: estratégica, para la seguridad nacional, criminal, financiera. económica, o política.
Este tipo de funciones y responsabilidades son las que estarían contempladas dentro de la Ley de Inteligencia. Otra área de oportunidad crítica que podría atender la nueva Ley es la coordinación con las entidades.
La mayoría de las instancias de seguridad pública estatales generan productos de inteligencia criminal y policial, que en caso de estar integrados en una base de datos nacional (hoy en día, mucha de la información hay que solicitarla por oficio, en un proceso lento y poco eficaz), o que al menos pudiesen compartirse de forma fluida entre ellos y la Federación, permitirían obtener mejores resultados al momento de realizar tareas tanto de prevención como de persecución del delito.
Estos son sólo dos ejemplos de las problemáticas que una nueva Ley Nacional de Inteligencia podría atender, pero no son los únicos.
El establecimiento de criterios y estándares mínimos para la elaboración de inteligencia, la integración de áreas temáticas no tan mediáticamente populares como inteligencia epidemiológica o económica, la muy limitada existencia de productos de inteligencia estratégica nacional, el rol de la academia y la sociedad civil, la unificación en los procesos de adquisición de tecnologías de recolección, y el establecimiento de límites claros sobre lo que pueden o no hacer las instancias son otros ámbitos que podrían verse fortalecidos con la existencia de una Ley de Inteligencia.
