Por encima de la ley, nada más uno

Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no le gusta que sus proyectos se encuentren bajo el escrutinio público y esto lo logra al clasificar la información de los mismos como confidencial, al ser considerados como un tema de seguridad nacional

Cuando Andrés Manuel se encontraba en campaña durante el proceso electoral del 2018 uno de sus principales postulados era que “al margen de la ley, nadie; por encima de la ley, nadie”. Sin embargo, en la noche del 22 de noviembre del 2021 se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación con el propósito de indicar a todas las entidades de la Administración Pública Federal (APF) que los proyectos que el gobierno mexicano designe como prioritarios y estratégicos deberán ser considerados materia de seguridad nacional. 

Adicionalmente el acuerdo busca acelerar el inicio de las obras que el gobierno considere como prioritarias al indicarle a todas las dependencias federales que se tienen que “brincar” sus procedimientos administrativos, algunos de los cuales tienen por principal propósito defender derechos humanos, cuidar el medio ambiente o asegurar que se procure el bienestar de la población.

Este acuerdo es un retrato de cuerpo completo de las situaciones que le han resultado molestas al Presidente López Obrador en lo que va del sexenio. 2022 es el año donde supuestamente se entregarán algunas de las obras icónicas según lo que ha dicho Andrés Manuel en sus conferencias matutinas, incluso en momentos donde ni siquiera existía un plan maestro para las mismas. 

Específicamente el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería Dos Bocas deberían terminar su construcción en 2022 para arrancar operaciones cuanto antes. El Tren Maya debería terminar de construirse en 2023. Sin embargo, todos estos proyectos han sufrido retrasos provenientes del cumplimiento de procesos administrativos, como evaluaciones de impacto social y ambiental, o por amparos de suspensión provisional. En Los Nuevos Pinos de Palacio Nacional ya no quieren ninguna excusa que ponga en riesgo la construcción de sus dudosos, problemáticos y costosos proyectos de infraestructura.

Específicamente el artículo 2 del acuerdo establece que las dependencias federales deberán emitir una autorización provisional para todos los proyectos de infraestructura que el gobierno considere de interés público y de seguridad nacional. Si las autoridades correspondientes no resuelven por la afirmativa en los siguientes cinco días hábiles después de la solicitud entonces “se considerará resuelta en sentido positivo” y con una autorización de un año. 

Después de un año deberá darse una autorización definitiva. Esto implica que cualquier proyecto que el gobierno quiera puede comenzar a construirse dentro de cinco días hábiles incluso si no cumplen con permisos, aunque no se haya realizado consulta indígena, aún si éstos dañan áreas naturales protegidas y aunque no haya viabilidad técnica. Básicamente lo que el decreto dice entre líneas es que al presidente no le gustan los obstáculos ni los límites al ejercicio del poder.

Considerando además el incremento que han tenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 los proyectos estratégicos del gobierno federal, así como la creciente asignación de contratos por asignación es que se vuelve más relevante que nunca la transparencia en la asignación de recursos. El problema es que al Presidente tampoco le gusta que sus proyectos se encuentren bajo el escrutinio público y esto lo logra al poder clasificar la información de los mismos como confidencial al ser considerados como un tema de seguridad nacional. 

Está de más decir que este #Decretazo rebasa las facultades del Presidente, es ilegal, invade competencias de otros poderes de la República y pone en estado de indefensión a la población que sea afectada por estos proyectos.

Para ejemplificar lo anterior supongamos que el gobierno desea construir un megaproyecto de infraestructura en un área natural protegida y solicitan el uso de esos terrenos. Si en cinco días las autoridades no responden o rechazaron la solicitud, entonces automáticamente estos terrenos pasan a ser expropiados para el desarrollo del proyecto en cuestión y se puede comenzar a construir inmediatamente. 

Aunque nadie sepa qué o para qué se estará construyendo. Usted puede ampararse contra la autoridad si considera que está siendo vulnerado uno o más derechos, pero como el decreto busca emitir autorizaciones provisionales fast track entonces hay que esperar al término de la misma, que es de un año. Ahí habrá que decidir si todavía vale la pena ampararse una vez que ya tiene uno encima 50 kilómetros de carretera construida. Cualquier parecido con la realidad de proyectos como Dos Bocas o el Tren Maya es mera coincidencia. Conste que dije “supongamos”.