Por COVID-19, ordenan liberar a migrantes; juez decreta darles residencia temporal
Los migrantes que permanecen en estaciones del INM deben ser puestos de “inmediato en libertad” para evitar una mayor propagación del coronavirus.
Esta medida, ordenada por Jonathan Bass Herrera, juez Primero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, aplica a quien esté dentro de los grupos catalogados como vulnerables por la Secretaría de Salud ante el COVID-19, como son los mayores de 60 años, personas con alguna enfermedad crónica, personas con discapacidad y menores de edad.
El Instituto Nacional de Migración (INM) administra en todo el país 65 centros de reclusión, entre estaciones migratorias, estancias y anexos. Solamente entre enero y febrero de este año fueron detenidos 22 mil extranjeros. A marzo de este año, 17 mil personas, en su mayoría centroamericanos, pidieron asilo en México y muchos de ellos aún permanecen en alguno de los 65 centros migratorios.
El juez Bass Herrera también ordenó a las autoridades mexicanas otorgarles a todos los extranjeros liberados derechos temporales de residencia y acceso a la salud. Además, instruyó a implementar todos los protocolos de prevención sanitaria necesarios en las estaciones migratorias y que se detecte si hay personas con posibles síntomas, para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
Quedarán en libertad miles de migrantes
Tras un amparo presentado por 40 organizaciones resolvió otorgar libertad a los inmigrantes recluidos que corren el riesgo de contagiarse, como niños, adultos mayores y enfermos.
Un juez federal ordenó poner de “inmediato en libertad” a todas las personas migrantes que permanecen recluidas en las estaciones migratorias de todo el país que estén dentro de los grupos catalogados por las autoridades de Salud como vulnerables de contagiarse de COVID-19, como son los mayores de 60 años, personas con alguna enfermedad crónica, discapacitados y menores de edad.
El Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), administra en todo el país 65 centros de reclusión, entre estaciones migratorias, estancias y anexos –constituidos debido a las caravanas migratorias a finales de 2018– con miles de extranjeros retenidos; de hecho, tan sólo entre enero y febrero de este año fueron detenidos 22 mil extranjeros, según la la Unidad de Política Migratoria.
Para que se tenga una idea de la cantidad de migrantes que quedarán en libertad a partir de la orden del juez Primero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Jonathan Bass Herrera, entre enero y marzo de este año, más de 17 mil personas, en su mayoría centroamericanos, pidieron asilo en México, y muchos de ellos permanecen en alguno de los 65 centros de reclusión del INM.
El juez Bass Herrera ordenó a las autoridades mexicanas otorgarles a todos los extranjeros liberados derechos temporales de residencia y acceso a la salud, tanto a los migrantes y solicitantes de asilo en situación de mayor riesgo, como a mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas.
AGENCIA/SEL EDÉN MX
