Policía de México pagó 40 millones en equipos inexistentes, según investigación oficial
AGENCIAS
La fiscalía anticorrupción de México investiga pagos por casi 40 millones de dólares que la Policía Federal hizo en 2018 a más de una docena de compañías sin actividad comercial supuestamente para la compra de varios equipos de interceptación de comunicaciones que nunca fueron importados, según documentos inéditos de las investigaciones, obtenidos por Univision Investiga y el diario El País de España.
Los resultados parciales de la investigación se conocen dos meses después de que esta alianza periodística logró establecer que en los registros de dos de las empresas favorecidas figuraban una mucama y un carpintero. Ambos dijeron a Univision que jamás han sido dueños de ninguna empresa y que no se conocen entre sí.
La investigación oficial confirmó además lo que había adelantado la nota periodística: que los equipos no ingresaron al país, lo que explica que los fabricantes o proveedores que aparecían en las facturas de los vendedores en México, no recibieron los pagos correspondientes.
Los auditores encontraron que se habían entregado algunos equipos, pero no les quedó claro si eran los que se habían pedido en los contratos. Aún así, hicieron una cotización independiente y encontraron que la Policía había contratado por 25 millones de dólares equipos que no valían más de un millón.
De los 40 millones de dólares transferidos de la Policía Federal a las dos contratistas, los auditores hallaron que solo uno de los proveedores originales de Israel recibió apenas 250 mil dólares en pagos. En México, otras 18 compañías y dos personas recibieron el dinero, aunque no participaban en el negocio, de acuerdo con dos denuncias revisadas para este artículo.
Un mes después de la publicación periodística, la Auditoría Superior presentó dos denuncias penales por este caso. Los documentos ahora obtenidos por Univision y el País revelan el contenido de las indagatorias de los auditores, en las que se basaron esas denuncias.
Los auditores concluyeron que “los servidores públicos de la Policía Federal incumplieron con la normatividad para la realización de las adquisiciones […] ya que no ejercieron dichos recursos (los fondos de la partida para equipamiento de seguridad nacional) con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
