Interpondrán denuncia penal a elementos del INM que agredieron a migrantes
Agencias
El pasado fin de semana se registró un enfrentamiento entre migrantes y personal de Instituto Nacional de Migración (INM), donde se pudo captar al personal migratorio golpeando a migrantes que estaban sometidos, por lo que activistas interpondrán un denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los involucrados.
El director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, señaló que no se debe permitir que los migrantes sufran este tipo de violaciones a sus derechos humanos, por que los dos oficiales de migración, suspendidos por un corto periodo, deben enfrentar consecuencias judiciales.
Asimismo, comentó que se tiene plenamente identificados a los funcionarios exhibidos en un video mientras agreden a una persona que ya se encontraba sometida en el suelo.
Aseguró que uno de ellos fue impuesto en el cargo por la anterior delegada del INM en Chiapas, Yadira de los Santos Robledo, hoy titular en Quintana Roo, por ser su familiar.
En este sentido, declaró también que este funcionario ya enfrentaba una denuncia penal por supuestos actos de corrupción, principalmente la venta de documentos migratorios; sin embargo, hasta el momento no hay consecuencias por estos señalamientos.
Por otro lado, apuntó que otra de las personas que se ve claramente mientras incita a la violencia y posteriormente agrede a una mujer es el director de la Estación Migratoria Siglo XXI, y en este caso ni siquiera fue suspendido de su cargo.
García Villagrán aseguró que también estaban identificados un par más de agentes federales, que golpearon a migrantes ya sometidos y agredieron a mujeres y a sus hijos.
Interpondremos denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Francisco Garduño Yañez, Comisionado del INM, por ordenar a los agentes federales del INM Chiapas, quienes golpearon a migrantes totalmente sometidos”, abundó.
Sentenció que aunque el órgano interno de control del INM dice repudiar tales actos, no tienen garantía de que se hará justicia, por lo que buscan sentar un precedente y fincarle responsabilidad a los dos agentes migratorios que fueron evidenciados y exigir su cese de funciones.
