Hasta 8 años de prisión para quien comercialice documentos falsificados
La iniciativa la propuso el legislador de Morena, Miguel Ángel Macedo, quien señaló que se debe reformar a las instituciones de procuración de justicia
A las personas que comercialicen o posean indebidamente documentos falsificados se les impondrá una sanción de cuatro a ocho años de prisión y una multa de 8 mil 962 hasta 44 mil 810 pesos.
Lo anterior, lo propuso a través de una iniciativa el legislador de Morena, Miguel Ángel Macedo, quien señaló que se debe reformar a las instituciones de procuración de justicia a tener mayores elementos para castigar a los que dedican a este ilícito.
En agosto pasado, el Heraldo de México publicó que en la CDMX, al día se presentan nueve casos relacionados con los delitos de falsificación y uso de documentos falsos.
De junio de 2020 al mismo mes de este año, hubo una incidencia de tres mil 344 casos.
“Las bandas delictivas que expiden y comercializan placas u otros documentos de forma falsa no solo incentivan la portación de los mismos, pues estos hechos generan una incertidumbre en la ciudadanía y no solo eso generan que otros hechos de carácter delictivo puedan hacerse en total impunidad”, resaltó.
Añadió que esto servirá para que se devuelva a la “ciudadanía una tranquilidad sobre sus impuestos y contribuciones, y que todos estos fines llevan a aun camino el respeto absoluto a un estado de derecho”.
Recordó que el pasado 3 de septiembre, tres mujeres y dos hombres fueron arrestados durante cateos realizados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), ambos de la Ciudad de México.
Detalló que esto sucedió en inmuebles localizados en las colonias Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa y San Andrés Totoltepec, donde fueron asegurados más de cinco mil juegos de placas vehiculares de del pai´s, y diversas dosis de posible droga.
Esta propuesta busca adicionar el artículo 339 BIS al Código Penal para el Distrito Federal.
Para el análisis y dictaminación de esta propuesta se turnó a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
