Cuestiona Fabián paradero de helicóptero obtenido en gobierno de Núñez
SARA AMADOR VERA
El diputado Fabián Granier Calles, exhortó a los titulares de las secretarías de Gobierno y de Desarrollo Energético, así como del Instituto Protección Civil de Tabasco, que, en cumplimiento de sus facultades, informen al Congreso del Estado sobre la entrega-recepción del helicóptero que se adquirió en la administración de Arturo Núñez, por un monto de 45 millones 601 mil 920 pesos.
Durante su intervención en el pleno del congreso del estado, el legislador de la fracción parlamentaria del PRI, pidió además que, se den a conocer las acciones que se han tomado con respecto a la falta de la aeronave, “Augusta Westland” modelo AW109E, serie 11134, fabricado en 2002 mediante un contrato con la firma DCO Aviation Solutions S.A. de C.V. así como las acciones que se han tomado en contra de dicha empresa.
Granier Calles, recordó que durante su Tercer Informe, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, hizo saber que en la pasada administración estatal, se adquirió la aeronave con recursos donados por Petróleos Mexicanos, la cual, hasta el momento no aparece por ningún lado, por lo que dijo, Congreso local “no puede quedarse al margen”, pues “tiene la obligación moral de hacer valer el mandato constitucional de ser vigilante del uso y destino de los recursos que son del pueblo”
El diputado local, sostuvo que “Al tratarse de actos que dañan el erario público, es un asunto que también pone en riesgo el patrimonio estatal y que supone la comisión de diversas faltas tanto administrativas y como de índole penal”.
Y resaltó que, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de México y de Tabasco en materia de responsabilidad de los servidores públicos, así como por citerios de jurisprudencia, este caso amerita que se tomen las medidas jurídicas necesarias que lleven a su pleno esclarecimiento y que permita al pueblo tabasqueño tener la certeza de que el dinero que paga en impuestos tiene el destino que se merece.
Finalmente insistió en que, “hacer que este exhorto pase por todo el procedimiento previsto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Tabasco, provocaría un atraso en su formalización cuando ya de por sí se llevan tres años sin impartición de justicia”.
