La Iglesia Nacional Presbiteriana de México confirmó que las dos cámaras de videovigilancia retiradas por elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca durante un operativo realizado el pasado 27 de mayo en el templo Nueva Jerusalén, ya fueron devueltas y reinstaladas en el inmueble religioso.
La organización informó que la restitución de los equipos fue gestionada por la Secretaría de Gobierno estatal, a través del subsecretario Pablo García Mora, quien además ofreció disculpas a la congregación por los hechos ocurridos, con lo que el caso quedó oficialmente cerrado.
El incidente generó polémica luego de que agentes de la FIRT Olmeca retiraran las cámaras bajo la presunción de que eran utilizadas de manera indebida. La acción provocó inconformidad entre los integrantes de la iglesia, quienes rechazaron cualquier vínculo con actividades ilícitas.
Ante la controversia, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, sostuvo una reunión con representantes de la Iglesia Nueva Jerusalén para atender sus planteamientos y esclarecer la situación.
Durante el encuentro, autoridades estatales reconocieron la contribución social que realiza la Iglesia Nacional Presbiteriana de México mediante programas enfocados en la promoción de valores, la convivencia pacífica, la solidaridad comunitaria y la formación integral de las personas.
Asimismo, el Gobierno del Estado precisó que no existe evidencia concluyente que relacione a esta organización religiosa con conductas ilícitas, por lo que reiteró que se trata de una institución legalmente constituida que desarrolla actividades espirituales y comunitarias en beneficio de la sociedad.
Tras el operativo, la Iglesia Nacional Presbiteriana había solicitado una disculpa pública por considerar que la actuación de la FIRT Olmeca generó afectaciones a su imagen y propició señalamientos injustificados en redes sociales y otros espacios públicos.
Su presidente, Julián Hernández Moreno, manifestó entonces que la comunidad presbiteriana merecía respeto y que las acusaciones derivadas del retiro de las cámaras habían causado daño moral a la institución.
La congregación explicó que los dispositivos de videovigilancia tenían más de una década de funcionamiento y eran utilizados exclusivamente para monitorear los accesos al templo, proteger a los asistentes y resguardar el patrimonio de la iglesia.
Con la devolución de las cámaras y las disculpas ofrecidas por las autoridades estatales, la Iglesia Nacional Presbiteriana dio por concluido un episodio que generó preocupación entre sus integrantes y la comunidad religiosa en Tabasco.
