El H. Presbiterio “Grijalva–Usumacinta” de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones que vinculan a sus sistemas de videovigilancia con presuntas actividades ilícitas y exigió una investigación sobre el operativo realizado por fuerzas de seguridad en el templo “Nueva Jerusalén”, ubicado en el centro de Villahermosa.
La organización religiosa calificó como “falsos y ofensivos” los señalamientos surgidos tras el retiro de 53 cámaras de vigilancia por parte de elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT-OLMECA) y la Guardia Nacional durante un operativo efectuado el pasado 27 de mayo.
En el documento, la Iglesia afirmó que los equipos fueron instalados con recursos propios y conforme a procedimientos legales, con el objetivo de prevenir delitos, disuadir actos ilícitos y brindar seguridad tanto a los feligreses como a los habitantes de la zona.
Asimismo, sostuvo que las grabaciones obtenidas por las cámaras han servido como evidencia en denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado por hechos relacionados con robos y actos de vandalismo.
Los representantes religiosos manifestaron su inconformidad por las declaraciones que relacionan estos dispositivos con actividades criminales y señalaron que hasta el momento no se les ha presentado prueba alguna que sustente tales afirmaciones.
En ese sentido, acusaron que la actuación de las autoridades vulneró derechos constitucionales al proceder con el desmantelamiento de los equipos sin una justificación clara, lo que, a su juicio, dejó en estado de indefensión a la comunidad religiosa.
Por ello, el Presbiterio solicitó la intervención de las autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos y determinar tanto la veracidad de las acusaciones como la legalidad del operativo que derivó en el retiro de los sistemas de videovigilancia.
La institución religiosa destacó que cuenta con más de un siglo de presencia en la región y afirmó que continuará defendiendo la integridad y reputación de sus congregaciones, al tiempo que demandó respeto a sus derechos y garantías legales.
El comunicado fue firmado por el presbítero Juan Marcos Pérez Alonso y el presbítero Román Concepción González, quienes reiteraron su llamado a que el caso sea investigado de manera imparcial y conforme a derecho.
