Rafael Elias Sánchez Cabrales, titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco informó que actualmente no existe una fecha definitiva para la aplicación de un incremento oficial a las tarifas del transporte público.
Refirió que cualquier ajuste se mantendrá en pausa hasta que concluyan formalmente los análisis correspondientes por parte de la dependencia a su cargo
”De acuerdo con lo estipulado en el artículo 137 de la Ley de Movilidad vigente en la entidad, el proceso normativo exige que la Dirección de Estudios Técnicos de la dependencia finalice un análisis integral. Una vez concluido, dicho documento deberá ser remitido al Consejo Estatal de Movilidad para su validación y, posteriormente, se gestionará su aprobación y publicación oficial en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”, aseveró.
Detalló que el análisis técnico evalúa los costos operativos del sector transportista, tales como el precio de los insumos y los combustibles. Sin embargo, enfatizó que la prioridad de la administración es balancear estas necesidades operativas con el impacto directo que un incremento supondría para la economía de miles de familias tabasqueñas.
”La lógica es de que permitan a la Secretaría que concluya su estudio técnico (…) y poder atender de esa manera, de manera muy responsable, pensando también (…) en el impacto económico que representa para miles de familias en el estado de Tabasco”, subrayó Sánchez Cabrales.
Ante las inquietudes y la polémica generada entre la ciudadanía advirtió que aquellas unidades de transporte que incurran en cobros indebidos serán sujetas a los protocolos de inspección regulares, cuyas sanciones económicas oscilan entre 50 y 55 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Lo anterior -indicó- es equivalencia económica: a 6 mio 452 pesos a quien altere las tarifas actualmente autorizadas.
Por último exhortó a la población a reportar de manera formal cualquier irregularidad detectada en el servicio y reiteró su compromiso de avanzar en mesas de diálogo con los líderes transportistas bajo criterios de responsabilidad social y legalidad.
