Autoridades federales localizaron e inhabilitaron un túnel clandestino de aproximadamente 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad en la colonia Centro de Nogales, Sonora, a escasos metros de la frontera con Estados Unidos.
El operativo fue resultado de trabajos de inteligencia e investigaciones de gabinete y campo, en el que participaron de manera coordinada la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional (GN), con apoyo de autoridades estatales.
Durante la intervención, realizada mediante una orden de cateo, fue detenido Luis Fernando Garduño Pérez, presuntamente vinculado con el grupo delictivo “Los Salazar”, quien realizaba labores de vigilancia, contrabando y apoyo logístico para el tráfico de personas. En el sitio también se aseguraron 21 cartuchos útiles.
De acuerdo con información oficial, el túnel tenía dirección hacia Estados Unidos, aunque no contaba con una salida habilitada al momento del hallazgo. La excavación formaba parte de una infraestructura subterránea utilizada presuntamente para el trasiego ilegal de personas y mercancías.
El hallazgo se confirmó un día después de una intensa movilización en la zona fronteriza, donde participaron corporaciones de seguridad mexicanas y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) en territorio estadounidense, particularmente en el área de la calle Internacional, del lado de Arizona.
Tras su detención, al implicado se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar su responsabilidad y la posible participación de más personas.
El inmueble intervenido quedó sellado y bajo resguardo policial, mientras la FGR integra la carpeta de investigación. Este caso se suma a los múltiples túneles detectados en Nogales, una de las ciudades fronterizas con mayor presencia de estructuras clandestinas utilizadas por organizaciones criminales.
Fuente: La Jornada
