La aprobación de las 25 cuentas públicas de Tabasco correspondientes al ejercicio fiscal 2025 no representa un cierre definitivo para los servidores públicos señalados con observaciones, pues aún están obligados a aclararlas y podrían enfrentar sanciones si no logran solventarlas, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Claudia Vélez.
En entrevista, la legisladora aclaró que el aval otorgado por el Poder Legislativo no elimina las posibles responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de las irregularidades detectadas durante la revisión de los recursos públicos.
Explicó que, cuando las observaciones no son aclaradas, corresponde a las instancias competentes determinar si existen faltas administrativas leves o graves y aplicar las medidas que procedan conforme a la ley.
Vélez también hizo énfasis en que una observación no significa necesariamente que exista un desvío de recursos, ya que puede tratarse de situaciones que no fueron debidamente aclaradas durante el proceso de fiscalización.
Sobre los cuestionamientos a la aprobación de las cuentas públicas, rechazó que el procedimiento se haya realizado fuera de tiempo o al margen de la normativa. Aseguró que los informes de resultados fueron recibidos a finales de agosto, se analizaron en la comisión correspondiente y los dictámenes se entregaron a las y los legisladores para su revisión.
Añadió que el Congreso tenía hasta el 15 de diciembre para concluir la calificación de las cuentas públicas, por lo que sostuvo que la aprobación se realizó dentro del plazo legal establecido.
La diputada también consideró que las legisladoras y los legisladores tuvieron oportunidad de revisar los expedientes y que la decisión de participar o no en el debate y las votaciones correspondió a cada integrante del Congreso.
Finalmente, reiteró la disposición del Poder Legislativo para revisar cualquier señalamiento específico relacionado con los informes de resultados, al tiempo que insistió en que la aprobación de las cuentas públicas no impide que continúen los procedimientos de aclaración y, en su caso, de sanción.