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Brugada plantea medidas contra la gentrificación y los desalojos en CDMX

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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que en la capital del país “la derecha, y cualquier planteamiento que implique un retroceso en política social, no tienen cabida”, al destacar las acciones de su administración en materia de bienestar, vivienda y economía familiar. Señaló que en los próximos meses se definirá si la ciudadanía ratifica el proyecto que encabeza.

En entrevista con La Jornada, Brugada destacó la construcción de un sistema público de cuidados, así como programas para facilitar el acceso a alimentos a precios accesibles y fortalecer el comercio local. También habló sobre los acuerdos de cooperación que busca establecer con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con quien intercambió experiencias sobre programas sociales y de abasto alimentario. Explicó que el alcalde neoyorquino mostró interés en iniciativas como Del Campo a la Ciudad y Mercomuna, que permiten a sectores vulnerables adquirir productos a precios más bajos.

Uno de los principales temas abordados por Brugada fue la vivienda y el combate a la gentrificación. Adelantó que su gobierno trabaja en una propuesta para elevar a rango constitucional la prohibición de que los precios de las rentas aumenten por encima de la inflación, con el objetivo de evitar que los habitantes sean desplazados de las zonas donde viven.

Asimismo, informó que se avanza en la creación de un organismo de defensoría de las relaciones inquilinarias, que atendería casos en los que propietarios incumplan los límites establecidos para los incrementos de renta. El organismo tendría facultades para convocar y, en determinados casos, amonestar económicamente a quienes excedan los porcentajes permitidos.

Brugada también planteó medidas para atender los desalojos de personas en condiciones de vulnerabilidad. Propuso que el Gobierno de la Ciudad de México esté obligado a ofrecer una alternativa de vivienda a quienes sean desalojados, sin intervenir en las resoluciones judiciales. El objetivo, explicó, sería evitar que las personas terminen en la calle y permitirles permanecer en la ciudad, donde han construido sus redes familiares, sociales y económicas.

Fuente: La Jornada

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