Las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de Tabasco podrían contar próximamente con una Credencial para Votar como medio oficial de identificación, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciara los trabajos de coordinación con el Gobierno del Estado para implementar jornadas de credencialización al interior de las cárceles.
La medida forma parte de un convenio de colaboración que analizan el INE Tabasco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad de las personas que se encuentran en prisión preventiva o cumpliendo una sentencia y que, conforme a la legislación vigente, puedan acceder a este documento.
El proyecto fue abordado durante una reunión entre el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Gregorio Aranda Acuña; la vocal del Registro Federal de Electores, Laura Elena Pérez Rivera; la coordinadora de la SSPC, Rosa Nova Ramírez; y el director del Sistema Penitenciario Estatal, Iván de Jesús González Ponce.
Entre las acciones previstas destaca la instalación de módulos itinerantes dentro de los centros penitenciarios para realizar trámites de inscripción y actualización al Padrón Electoral, así como la expedición de credenciales de elector para quienes cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
Además, el convenio contempla campañas informativas dirigidas a la población penitenciaria, la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para supervisar las acciones y la implementación de medidas que garanticen la accesibilidad de personas con discapacidad, siempre bajo protocolos de seguridad y protección de datos personales.
La credencial para votar no solo acredita la identidad de las personas ante diversas instituciones, sino que también facilita el acceso a trámites y servicios una vez que recuperan su libertad, por lo que el INE considera esta estrategia una herramienta para fortalecer el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Con este proyecto, el organismo electoral busca ampliar el acceso a los servicios registrales entre sectores de la población que enfrentan condiciones especiales, reforzando una política de inclusión y respeto a los derechos humanos en coordinación con las autoridades estatales.
