La Iglesia Nacional Presbiteriana de México exigió la reinstalación de las cámaras de videovigilancia retiradas recientemente del templo Nueva Jerusalén, en el Centro de Villahermosa, y solicitó una disculpa pública por los señalamientos que vincularon estos equipos con presuntas actividades ilícitas.
En rueda de prensa, dirigentes de la organización religiosa rechazaron las acusaciones difundidas tras el operativo realizado por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca y aseguraron que las cámaras fueron colocadas únicamente para proteger a los feligreses y a los habitantes de la zona.
El presidente de la Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Julián Hernández Moreno, sostuvo que las declaraciones emitidas por las autoridades han generado un daño a la imagen de la congregación y pidió que se esclarezcan públicamente los hechos.
“Somos una institución dedicada a la predicación del evangelio y al servicio de la sociedad. Lo que pedimos es respeto a nuestra labor y a la libertad de culto”, manifestó.
La controversia surgió luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informara sobre el retiro de equipos de videovigilancia que, según la dependencia, presuntamente operaban fuera de la normativa y podían estar relacionados con actividades de vigilancia ilegal.
No obstante, los representantes de la iglesia negaron dichas afirmaciones y aseguraron que los dispositivos llevaban alrededor de diez años funcionando como una herramienta de prevención ante robos y actos vandálicos registrados en el sector.
El asesor jurídico de la institución, Carlos Alberto Castellanos Morales, explicó que las cámaras fueron adquiridas e instaladas con recursos propios y afirmó que incluso han colaborado con las autoridades ministeriales en diversas investigaciones.
Como respaldo de esta afirmación, presentó un oficio emitido por la Fiscalía General del Estado en octubre de 2025, mediante el cual se solicitó material videográfico captado por los equipos de seguridad del templo para el esclarecimiento de un hecho delictivo.
Los líderes religiosos informaron que ya entregaron una queja formal ante la SSPC y que esperarán una respuesta por la vía institucional antes de definir nuevas acciones.
Sin embargo, advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, analizarán la posibilidad de promover recursos legales al considerar que fueron vulnerados sus derechos como asociación religiosa y propietarios de las instalaciones.
Aclararon además que su postura no pretende confrontar a las autoridades estatales, sino defender la integridad de la congregación y garantizar el respeto a la libertad religiosa.
Finalmente, reiteraron su disposición a dialogar con las autoridades para aclarar la situación y alcanzar una solución que permita superar la controversia generada por el operativo.
