La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una norma de Guanajuato que evitaba imponer prisión a padres o tutores que sometieran a menores a terapias de conversión sexual, conocidas como ECOSIG.
Por unanimidad, el máximo tribunal determinó que estas conductas son graves y que el vínculo familiar no puede ser usado para reducir sanciones, ya que vulneran derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.
La Corte también anuló la figura de “consentimiento informado” para adultos, al considerar que estas prácticas pueden representar actos discriminatorios, tortura o tratos crueles, por lo que la dignidad humana y la identidad de género no pueden renunciarse legalmente.
La impugnación fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante una acción de inconstitucionalidad contra reformas al Código Penal de Guanajuato vigentes desde diciembre pasado.
Fuente: La Jornada / Cuartoscuro
