A partir de este 9 de enero, todas las líneas telefónicas móviles deberán estar asociadas a una persona física o moral, que de acuerdo con el Gobierno Federal es una medida que busca combatir delitos de extorsión, fraude y secuestro en México. Sin embargo, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó que esta acción conlleva riesgos y violaciones a la privacidad que derivan de entregar datos personales y biométricos a las empresas.
Consultado por EL UNIVERSAL, Pepe Flores, director interino de R3D, una organización defensora de los derechos digitales, consideró que este tipo de acciones fortalecen un “sistema de vigilancia con mucha discrecionalidad”, ya que los usuarios lidian con la disyuntiva de entregar sus datos o “enfrentarse a la exclusión” porque ya es un registro obligatorio y en caso de no cumplirlo, la línea telefónica será suspendida de manera temporal.
Para asociar una línea telefónica en las empresas Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán, las personas físicas tienen hasta el 30 de junio de 2026 para presentar su credencial de elector o pasaporte y su Clave Única de Registro de Población (CURP). Las personas morales deben incluir el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
En diciembre del 2025, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos para la identificación de las telefonías y previó a su aprobación se realizó la prueba piloto entre septiembre y octubre de ese año bajo el argumento de combatir delitos de extorsión, fraude y secuestro en el país.
“A las autoridades (de seguridad), se les da facultad de requerir datos a las empresas (telefónicas) sin necesidad de orden judicial y con muy pocas salvaguardas (…). Esos datos al final del día van a afectar principalmente a poblaciones en una situación de vulnerabilidad, que son las y los periodistas, las personas opositoras, a las personas que protesten, a las personas migrantes, por ejemplo”, explicó Pepe Flores.
Para el defensor de los derechos digitales no resulta seguro entregar la CURP a las empresas telefónicas, ni mucho menos esto significa que va a disminuir la incidencia delictiva. Al contrario, prevé un repunte en el robo de celulares para cometer delitos.
“Pues no es seguro pero es obligatorio (…), no creo que contribuya a la disminución del delito pero ese ha sido el argumento que arregló el gobierno para impulsarla y que sea aceptada la medida”.
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¿Mis datos serán protegidos por las empresas telefónicas y de seguridad?
De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), los datos proporcionados quedarán en resguardo de las compañías telefónicas en conformidad con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo que el Gobierno de México no tendrá acceso a esos datos.
Sin embargo, para R3D significa que pese a que hay un resguardo de información en las telefonías, cada empresa está sujeta a entregar cualquier información si es requerida por las autoridades de seguridad en México, bajo el argumento de que buscan combatir delitos.
El registro obligatorio está contemplado en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobada en el Senado en julio del 2025 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a mediados de ese mismo mes.
Sobrevigilancia por entrega de CURP a empresas telefónicas
“Esta asociación línea-identidad es muy grave porque cada vez más usamos el teléfono como identificador de servicios”, comparte el director interino de R3D.
“Por más que se diga que hay un consentimiento, es un consentimiento forzado porque la alternativa es la exclusión, la alternativa es: Yo quedo excluido de estos servicios porque no estoy asociando mi identidad legal y mi identidad, en este caso, biométrica a todo lo que yo hago”.
Otra de las grandes preocupaciones desde R3D es que las personas en situación de vulnerabilidad sean sometidas a mayores riesgos en la vulneración de sus datos personales, por ejemplo, “periodistas, activistas, opositores, migrantes y defensores de los derechos en México”.
La llegada de la CURP Biométrica a México aumenta la incertidumbre debido a que incluye datos únicos como fotografía y huellas dactilares. Esto, para Pepe Flores implica “un mayor rastro de la actividad que tenemos las personas”.
“(La información personal), las autoridades la pueden utilizar de muchas y muy variadas formas. En el caso de México ya se han detectado abusos de estas facultades donde a veces hay colusión con la delincuencia organizada”, alerta.
¿Qué derechos vulnera el registro obligatorio a la telefonía móvil?
De acuerdo con el activista, la prueba piloto y ahora el registro obligatorio a la telefonía móvil, atenta contra algunos derechos de los usuarios, principalmente contra la presunción de inocencia, el derecho a la privacidad y a la protección personal, los que, asegura, están en mayor peligro.
Explica que si a una persona le suplantan la identidad, le clonan, le roban el teléfono o cualquier situación de riesgo y luego se comete un fraude, una extorsión, un secuestro, el delito estará asociado a esa línea, por lo que ahora esa persona va a ser la primera en sufrir las consecuencias hasta que se demuestre lo contrario.
Fuente: El Universal
