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Estados Unidos juzgará a Nicolás Maduro por narcotráfico, corrupción y delitos armados

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Progreso

El gobierno de Estados Unidos confirmó que Nicolás Maduro será sometido a juicio en territorio norteamericano por graves delitos federales, luego de ser declarado formalmente bajo arresto por autoridades estadounidenses.

La decisión se produce tras años de investigaciones y acusaciones que datan al menos desde 2020.

De acuerdo con información difundida por autoridades de Estados Unidos y retomada por medios internacionales, el Departamento de Estado había ofrecido previamente una recompensa de hasta 50 millones de dólares a quien aportara información que permitiera la captura o condena del mandatario venezolano, reflejo —según Washington— de la magnitud de los señalamientos en su contra.

El anuncio ocurre en un contexto de alta tensión diplomática y militar entre Estados Unidos y Venezuela. Según fuentes oficiales citadas por la prensa, Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar realizada en la madrugada en territorio venezolano, ejecutada por fuerzas estadounidenses.

Los cargos que enfrentará

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, detalló que Maduro y Flores enfrentarán múltiples cargos, entre los que destacan:

Conspiración narcoterrorista
Conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos
Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
Conspiración para poseer armamento de uso exclusivo militar, en perjuicio del gobierno estadounidense

“Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer este tipo de armamento contra Estados Unidos”, expresó Bondi a través de su cuenta oficial en X.

Juicio en suelo estadounidense

Las autoridades estadounidenses informaron que el proceso judicial se llevará a cabo en tribunales federales de Estados Unidos, donde se ventilarán las acusaciones relacionadas con narcotráfico internacional, crimen organizado y corrupción, consideradas por Washington como una amenaza directa a su seguridad nacional.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos ni sobre la situación jurídica de Maduro y Flores, mientras la noticia ha generado un fuerte impacto político y diplomático a nivel internacional.

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