Un total de 20 fiscales estatales y el de Washington D.C. interpusieron una demanda contra el gobierno de Donald Trump, acusándolo de condicionar indebidamente cientos de millones de dólares destinados a víctimas de delitos a cambio de cooperación obligatoria con las políticas federales de control migratorio.
La querella, presentada por estados como California, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Rhode Island, sostiene que el Departamento de Justicia excede su autoridad al imponer restricciones que buscan congelar recursos a las entidades que rechacen aplicar dichas medidas.
En respuesta, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, advirtió que su ciudad no cederá ante la presión de la administración federal, pese al vencimiento del plazo para cumplir con la ley de inmigración.
