SARA AMADOR VERA / EL EDÉN MX
En Tabasco, el derecho a estar bien informado sigue firme y las personas pueden seguir pidiendo información, sus datos personales están protegidos y quienes están obligados por ley tienen que seguir publicando la información correspondiente, así lo aseguró Mileyli María Wilson Arias, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien también dejó claro que hay maneras para que la gente defienda este derecho.
Durante la conferencia de prensa matutina, explicó que la responsabilidad de hacer pública la información está en manos de los órganos internos de control de los tres poderes del estado y de los órganos autónomos. El Poder Ejecutivo también tiene la tarea de revisar los recursos y vigilar que se cumplan las obligaciones relacionadas con la transparencia y la protección de datos, incluyendo a los municipios.
Comentó además que ahora existe el Instituto de Transparencia para el Pueblo del Estado de Tabasco. Este nuevo organismo, que depende de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, tiene autonomía técnica, recursos propios y libertad para decidir cómo opera y qué resoluciones toma.
Este organismo será el encargado de atender temas de transparencia y protección de datos personales en el Poder Ejecutivo y los municipios, de acuerdo con lo que marquen las leyes y reglamentos correspondientes.
Al hablar de las nuevas reglas que se implementan, derivadas de reformas constitucionales aprobadas el 20 de diciembre de 2024 a nivel federal y el 19 de marzo de 2025 en Tabasco, Wilson Arias subrayó que las funciones asignadas a la Secretaría Anticorrupción “fortalecen el derecho a la información y a la protección de datos personales como pilares fundamentales del Estado Democrático”.
También señaló que esta nueva etapa organizativa responde a lo que mandató el Poder Legislativo, con reformas que buscan una mejor coordinación, eliminar funciones duplicadas, aplicar criterios de austeridad, simplificar procesos y definir nuevas autoridades encargadas de estos temas.
Mencionó que con la creación de nuevas leyes, como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la del Sistema Anticorrupción, la de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la de Protección de Datos Personales, se dio por terminada la operación del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública (ITAIP) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA). Aun así, remarcó que esto no afecta el derecho de las personas a acceder a la información pública, ya que solo se trata de cambios en la estructura institucional.
“Asumiremos esta nueva encomienda para fortalecer el combate a la corrupción, privilegiando la transparencia y la rendición de cuentas como principios de actuación gubernamental, que generen confianza, credibilidad y sigan representando nuestra mejor forma de relacionarnos y cumplirle al pueblo de Tabasco”, afirmó.
Wilson Arias también recordó que las nuevas leyes establecen esta obligación “sin distinción alguna”, y que la ciudadanía todavía cuenta con mecanismos para exigir que se cumpla su derecho, como las denuncias presenciales o por escrito.
Detalló que cada entidad, ya sea estatal o municipal, tiene su Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. Estas oficinas reciben las solicitudes que cualquier persona quiera hacer, ya sea mediante la plataforma nacional, de forma presencial, escrita o incluso verbal.
Durante el encuentro con los medios en el salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno, explicó que cuando se trata de datos personales que están en manos de particulares, quien se encarga es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Federal. Esta misma dependencia también resuelve recursos de inconformidad cuando hay recursos públicos federales involucrados.
Finalmente, dijo que para garantizar la transparencia y la protección de datos en los tres niveles de gobierno, la ciudadanía cuenta con los juzgados especializados en materia de transparencia del Poder Judicial, que funcionan como última instancia para hacer valer el derecho a la información pública.
Tabasco fortalece el derecho a saber con nueva estructura de transparencia y protección de datos
SARA AMADOR VERA / EL EDÉN MX
En Tabasco, el derecho a estar bien informado sigue firme y las personas pueden seguir pidiendo información, sus datos personales están protegidos y quienes están obligados por ley tienen que seguir publicando la información correspondiente, así lo aseguró Mileyli María Wilson Arias, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien también dejó claro que hay maneras para que la gente defienda este derecho.
Durante la conferencia de prensa matutina, explicó que la responsabilidad de hacer pública la información está en manos de los órganos internos de control de los tres poderes del estado y de los órganos autónomos.
El Poder Ejecutivo también tiene la tarea de revisar los recursos y vigilar que se cumplan las obligaciones relacionadas con la transparencia y la protección de datos, incluyendo a los municipios.
Comentó además que ahora existe el Instituto de Transparencia para el Pueblo del Estado de Tabasco. Este nuevo organismo, que depende de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, tiene autonomía técnica, recursos propios y libertad para decidir cómo opera y qué resoluciones toma.
Este organismo será el encargado de atender temas de transparencia y protección de datos personales en el Poder Ejecutivo y los municipios, de acuerdo con lo que marquen las leyes y reglamentos correspondientes.Al hablar de las nuevas reglas que se implementan, derivadas de reformas constitucionales aprobadas el 20 de diciembre de 2024 a nivel federal y el 19 de marzo de 2025 en Tabasco, Wilson Arias subrayó que las funciones asignadas a la Secretaría Anticorrupción “fortalecen el derecho a la información y a la protección de datos personales como pilares fundamentales del Estado Democrático”.
También señaló que esta nueva etapa organizativa responde a lo que mandató el Poder Legislativo, con reformas que buscan una mejor coordinación, eliminar funciones duplicadas, aplicar criterios de austeridad, simplificar procesos y definir nuevas autoridades encargadas de estos temas.
Mencionó que con la creación de nuevas leyes, como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la del Sistema Anticorrupción, la de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la de Protección de Datos Personales, se dio por terminada la operación del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública (ITAIP) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA).
Aun así, remarcó que esto no afecta el derecho de las personas a acceder a la información pública, ya que solo se trata de cambios en la estructura institucional.“Asumiremos esta nueva encomienda para fortalecer el combate a la corrupción, privilegiando la transparencia y la rendición de cuentas como principios de actuación gubernamental, que generen confianza, credibilidad y sigan representando nuestra mejor forma de relacionarnos y cumplirle al pueblo de Tabasco”, afirmó.
Wilson Arias también recordó que las nuevas leyes establecen esta obligación “sin distinción alguna”, y que la ciudadanía todavía cuenta con mecanismos para exigir que se cumpla su derecho, como las denuncias presenciales o por escrito.
Detalló que cada entidad, ya sea estatal o municipal, tiene su Unidad de Transparencia y Acceso a la Información.
Estas oficinas reciben las solicitudes que cualquier persona quiera hacer, ya sea mediante la plataforma nacional, de forma presencial, escrita o incluso verbal.
Durante el encuentro con los medios en el salón “José Gorostiza” del Palacio de Gobierno, explicó que cuando se trata de datos personales que están en manos de particulares, quien se encarga es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno Federal.
Esta misma dependencia también resuelve recursos de inconformidad cuando hay recursos públicos federales involucrados.
Finalmente, dijo que para garantizar la transparencia y la protección de datos en los tres niveles de gobierno, la ciudadanía cuenta con los juzgados especializados en materia de transparencia del Poder Judicial, que funcionan como última instancia para hacer valer el derecho a la información pública.
